El gobernador Herrera viola la Constitución federal y le impone rectora a la Universidad de Durango

EDUARDO SUÁREZ

Para agradar a quien lo antecedió en el puesto, el mandatario entrante de Durango, Jorge Herrera Caldera (PRI), ha estrenado su estilo de gobierno, de rompe y rasga, enfilándolo contra la Universidad Juárez del estado.

Hace unos días, sin decir ni agua va y, por lo tanto, sin que mediara consulta entre las partes, instruyó a los diputados locales de su partido, que forman mayoría, y —como es obvio— éstos aprobaron de inmediato la iniciativa del propio ejecutivo para reformar la ley orgánica de la UJED.

Acto seguido, en un gesto igual de autoritario fue impuesta una rectora interina, la cual resultó no ser otra que la misma persona que impusiera el ejecutivo estatal del pasado inmediato para sustituir como secretaria de Salud a un prestigioso médico de izquierda que se negó a ser manipulado.

Aparte de inconstitucional, no existe ni una razón válida que justifique tan desmesurado atropello. Lo que persiste es la inquina volcada en su oportunidad por el ex gobernador Ismael Hernández Deras encima de la casa de estudios.

Y es que la Universidad Juárez del Estado, no obstante el hostigamiento insolente, la injerencia gubernamental indebida y los recortes presupuestales sin fin a los que la hubo sometido aquél en su sexenio, logró cumplir con decoro los objetivos que la sociedad le trazó.

Ahora la UJED trata de renovar en paz y en libertad su cuadro dirigente. Pero lo que no le perdona Hernández Deras a esa comunidad es que, ante su acoso perenne, decidiera no chuparse el dedo. En vez de permanecer pasivos, los alumnos, maestros, investigadores, artistas y trabajadores administrativos decidieron apelar a los ciudadanos.

Éstos no les regatearon su apoyo ni su solidaridad. ¡Cómo iban a escamoteárselos, si durante la administración de Ismael en Durango, más que en cualquiera otra entidad federativa, no sólo se desató la ola de secuestros y se desbocó el narcotráfico —con el involucramiento ostensible y probado de funcionarios del gobierno local—, sino que aumentaron a tope los suicidios de niños, el desempleo creció en un grado casi exponencial y las instituciones públicas de educación superior quedaron poco menos que abandonadas!

En contraste sobran testimonios de que, mientras se mostraba insensible ante las necesidades acuciantes de la primera casa de estudios del estado, el político de marras atendía con celeridad —presumiblemente a costa del erario— hasta los requerimientos más nimios de personeros de Elba Esther Gordillo, Fox, Calderón Hinojosa y Peña Nieto.

Como es lógico, tal estado de cosas, esa obsecuencia y la exhibición de muchos trapos sucios de la administración priista que hoy hereda Herrera, se dejaron ver —y muy claro— en las urnas, en el proceso que concluyó en fecha reciente. No le hace que se hayan vuelto ciegos momentáneos los magistrados del Tribunal Federal Electoral.

Pese a lo dicho, autonomía universitaria es, en palabras de Alejandro Gómez Arias, “el gobierno democrático de la universidad ejercido por alumnos y académicos en un equilibrio de autoridad y poder”. (Revista Buelna, Sinaloa, México, abril de 1979). Cualquier injerencia externa es inaceptable, así sea por el socorrido expediente —exigido por el Banco Mundial, la OMC y el gobierno salinista en turno, a través de la SEP— de andar condicionando los subsidios.

No hay otra vía legal, ni más dinámica y válida que la autonomía, para que esas casas de estudios garanticen la difusión eficaz de la cultura, el desarrollo del quehacer científico y la transmisión del conocimiento dentro y más allá de sus muros. ▪